El impacto del coronavirus sobre el Brexit

El impacto del coronavirus sobre la economía española cuenta con un aliado inesperado en el Brexit, puesto que la hecatombe que la crisis está generando ya para Reino Unido ofrece al Gobierno de Boris Johnson la munición ideal para culpar a la Covid-19 de todos los males al norte del Canal de la Mancha. Londres tan solo necesitaba una coartada para solapar convenientemente el golpe auto-infligido de un potencial fracaso de la negociación con Bruselas y la pandemia se la ha entregado. En este desenlace, que acarrearía el consiguiente establecimiento de tarifas, muchas empresas españolas sufrirían el carácter estratégico que los británicos prevén otorgar a su industria agro-ganadera, una vez concluida la actual transición el 31 de diciembre.

Antes de que el virus cruzase la frontera de China, el verdadero acicate para el entendimiento comercial era el riesgo de pasar a operar bajo el paraguas de la Organización Mundial de Comercio (OMS). Pero la crisis global ha reventado la partida de ajedrez iniciada el 31 de enero y entrega a Downing Street la excusa perfecta para eximirse de responsabilidad sobre los efectos perniciosos de dejar el confort del armazón comunitario sin un marco de relación futura.

De ahí el evidente endurecimiento de las conversaciones, que desde marzo han tenido lugar a distancia, y la determinación británica de hacer valer un as en la manga con el que no contaba cuando el divorcio quedó oficializado. El zarpazo del coronavirus no se conocerá en su máxima extensión hasta el próximo año, un tiempo suficiente para maquillar cualquier desencuentro irreversible con la UE como un mal menor y justificar una nueva era de barreras comerciales, sobre todo, en un mundo que estará reevaluando modelos productivos para resurgir de la pandemia.

Esta, de hecho, ofrece otra ventaja adicional sobre la ruptura con la UE, ya que la independencia absoluta adquiere ahora un valor añadido, cuando de lo que se trata es de repensar estructuralmente cómo reconstruir las economías nacionales. En este contexto, Londres desplegó toda una declaración de intenciones esta semana con la lista de tarifas que regirán en el futuro, primera vez en casi medio siglo en que establece su propio régimen, y dos factores interrelacionados y de profundas consecuencias para España han quedado claros: Londres aspira fundamentalmente a abaratar los aranceles, pero no los que atañen al campo, que junto a la automoción, se ha convertido en el gran protegido del Ejecutivo británico.

Aunque todo dependerá de si, en última instancia, la aparentemente insalvable brecha actual con la UE es definitiva, Johnson ha advertido inequívocamente de a qué aspira y qué precio está dispuesto a asumir: libertad, a cambio de daños colaterales en forma de cuotas. El Departamento de Comercio Internacional ha aclarado que el nuevo régimen dejará un 60 por ciento de los bienes libres de aranceles, pero desafortunadamente para los agricultores españoles, sus productos no figuran en este porcentaje: si Londres y Bruselas no logran un acuerdo comercial, a partir de enero ya pueden prepararse para afrontar tarifas en un mercado que, hasta ahora, mantenía sus puertas abiertas sin coste alguno.

El Ministerio de Agricultura y Pesca defiende que la colaboración con la Comisión Europea para minimizar el impacto de barreras es constante, pero nada podrá hacer ni España, ni la UE, si el Gobierno británico decide emplear el coronavirus como escudo para las consecuencias del potencial descarrilamiento de la negociación aún en marcha. Las señales, de hecho, no invitan al optimismo, ya que el Número 10 considera las diferencias con Bruselas de tal calado que no se resolverán con nuevas reuniones, de ahí el rechazo a extender la transición, ni siquiera para reflejar la influencia de la pandemia sobre la viabilidad de las conversaciones.

Ante tal desenlace, el campo español debería prepararse para lo peor, justo cuando se enfrentaba ya a tesituras complejas como la correosa negociación de la Política Agraria Común (PAC) hasta 2027. España es el quinto país comunitario en volumen de exportaciones agroalimentarias a Reino Unido, un 7 por ciento del total, y los puestos de trabajo que dependen del mantenimiento de estos flujos comerciales ascienden a 44 millones en el conjunto del continente.

Los británicos, mientras, saben que son uno de los mercados más jugosos para el bloque, ya que un cuarto de los productos alimentarios que consumen procede de la UE, por lo que el sector agrícola español sería uno de los que más sufriría si, además de la pandemia, tiene que añadir a Reino Unido a la lista de países que recientemente han erigido fronteras. Cada día unos mil camiones con productos españoles cruzan el Canal de la Mancha, según datos del ministerio, por lo que cualquier endurecimiento de los trámites aduaneros se dejarán notar tanto a nivel económico, como burocrático y en la propia sostenibilidad de mercancía esencialmente perecedera.