La amenaza del “Brexit” al sector agrario español

La beligerancia retórica de Boris Johnson ante la inminente negociación con la Unión Europea proyecta una oscura sombra sobre el sector agrario español, que podría afrontar costosos aranceles para vender sus productos en el Reino Unido, cuando la actual transición concluya a final de año. España es el quinto país comunitario en volumen de exportaciones agroalimentarias al norte del Canal de la Mancha, un 7 por ciento del total, y los puestos de trabajo que dependen del mantenimiento de estos flujos comerciales ascienden a 44 millones en el conjunto del continente.

Los británicos saben que son uno de los mercados más jugosos para el bloque, ya que un cuarto de los productos alimentarios que consumen procede de la UE, por lo que cualquier tarifa adicional supondrá un golpe letal para la industria española, que se enfrentaba ya a tesituras tan complejas como la correosa negociación de la nueva Política Agraria Común (PAC) hasta 2027.

Como consecuencia, el sector cometería un error si confía en que los once meses de conversaciones que hay por delante alumbrarán un desenlace a su favor. Más allá del postureo político inherente a todo arranque de proceso, el primer ministro británico ha advertido inequívocamente de a qué aspira para el nuevo marco de relación y qué precio está dispuesto a asumir: Johnson quiere libertad absoluta para divergir del armazón regulatorio comunitario y, crucialmente, está preparado para aceptar daños colaterales en forma de cuotas y aranceles.

Resulta una obviedad subrayar que estos no serían unilaterales, pero para evitar sorpresas a colectivos clave como el agrario, los Veintisiete harían bien en aclarar abiertamente a los representantes de sus sectores productivos que les convendría prepararse para afrontar, en menos de un año, tarifas por vender en un mercado que, hasta ahora, había mantenido sus puertas abiertas sin coste alguno.

El ministro español del área, Luis Planas, defiende reiteradamente la colaboración del Gobierno con la Comisión Europea para minimizar el impacto de cualquier barrera al comercio, pero ni los mejores deseos del Departamento de Agricultura y Pesca, ni la más diestra capacidad negociadora de Michel Barnier y su equipo impedirán que la determinación de Johnson por apostar por la divergencia normativa afecte al sector agrícola español, que sufriría severas consecuencias si tiene que añadir al Reino Unido a la lista de países que recientemente han erigido fronteras a su producción.

Las señales por parte de Londres, no obstante, son elocuentes y no solo atañen a la imposición de aranceles, sino que también a controles de calidad y seguridad alimentaria que podrían provocar el colapso de empresas de nuestro país que tienen en el mercado británico a uno de sus clientes destacados. Como prueba, cada día unos mil camiones con productos españoles cruzan el Canal de la Mancha, según datos del ministerio, por lo que cualquier endurecimiento de los trámites aduaneros se dejarán notar tanto a nivel económico, como burocrático y en la propia sostenibilidad de mercancía esencialmente perecedera.

Por si fuera poco, el Brexit ha llevado al Gobierno británico embarcarse en la mayor revolución del sector en casi cinco décadas, puesto que, por primera vez desde su adhesión al bloque, tiene el control sobre la gestión de la agricultura, una oportunidad ante la que ha preparado ya una revolucionaria ley, actualmente en tramitación en el Parlamento. Su importancia para la industria española es fundamental, puesto que el texto no impide la entrada de productos con estándares notablemente inferiores a los exigidos por la UE, o el propio Reino Unido, en virtud de sus futuros pactos bilaterales, lo que abre campo a una competencia a la baja que podría menoscabar severamente las opciones de los agricultores españoles.