¿Es inevitable el choque de trenes entre Bruselas y Alemania?

El choque de trenes entre el Tribunal Constitucional (TC) de Alemania y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) está haciendo temblar los cimientos de las instituciones europeas. La tensión se ha elevado de nivel este fin de semana al amenazar la Comisión Europea con sancionar a Alemania. Se abre el escenario de una batalla legal larga y dura contra uno de los países fundadores de la Unión Europea y la mayor economía del euro. Bruselas intenta disuadir a Alemania de que mantenga su posición, pero Merkel ha defendido el fallo de los jueces de su país y plantea que BCE cumpla con la sentencia, una solución que sería gasolina para los países europeos más díscolos. La Unión Europea se enfrenta a una nueva cuenta atrás fatídica para el futuro del euro.

El euro vuelve a estar en peligro diez años después. Pero esta vez no lo está por el eslabón más débil de la cadena, como lo fue Grecia en la última crisis. Lo está haciendo por una de las piezas clave de la configuración de la Unión Europea, Alemania. La andanada del TC germano contra el BCE y el TJUE se produce en una situación muy delicada, en mitad de la crisis sanitaria y económica más grave sufre Europa en siglos.

El domingo, la Comisión Europea amenazó con demandar a Alemania después de que el TC cuestionara la legalidad del programa de compra de bonos del BCE. Hoy la canciller, Angela Merkel, ha defendido el fallo de la justicia alemana y no parece que esté por la labor de que el BCE se escape de dar las explicaciones pertinentes que han exigidos los magistrados alemanes.

Hay de plazo hasta el mes de agosto para evitar que el choque institucional termine en una profunda crisis política y judicial. El tiempo que ofreció el Constitucional alemán al BCE para revisar y justificar su programa de deuda de 2015.

Todavía no se sabe si el BCE se plegará a la voluntad del TC. Los banqueros han defendido la independencia de la institución, pero sin dejar claro si cumplirán con la exigencia de la corte germana. Lo que comienza a vislumbrarse son los posibles movimientos de la Comisión Europea. La respuesta de la presidenta del ejecutivo, Ursula van der Leyen, a un europarlamentario alemán del Grupo de Los Verdes, Sven Giegold, sobre la contienda abre la puesta a un escenario de demandas contra Alemania en el TJUE por parte del Ejecutivo Comunitario.

Existe la posibilidad, de que la Comisión denuncie a Alemania en base al incumplimiento del artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en el que faculta a la Comisión a denunciar a un Estado miembro por incumplimiento de los Tratados, emitiendo “un dictamen motivado al respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones”.

Si el Estado de que se trate no se atuviere a este dictamen en el plazo determinado por la Comisión, ésta podrá recurrir al TJUE. También el resto de Estados pueden recurrir al alto tribunal. Este camino, a falta de una salida política, desembocaría en una larga batalla legal, un proceso que ya han seguido Polonia y Hungría.

El enfrentamiento de fondo supone cuestionar el ordenamiento jurídico de la UE. Según los tratados, el TJUE ocupa un lugar más alto en la jerarquía legal por encima de los tribunales nacionales. De él emana la jurisprudencia que rige en el ordenamiento jurídico europeo.

Dentro del engranaje jurídico, la Comisión Europea, además de ser un órgano ejecutivo, tiene un papel de guardián de las leyes comunitarias, vigilando si los Estados miembros cumplen con la legislación de la UE. Los tratados le encomiendan la obligación de hacer cumplir la ley. Si descubre que un país de la UE no está cumpliendo, debe tomar medidas. La Comisión primero informa al país que está incumpliendo la normativa europea. Desde el apercibimiento formal hasta elevar el caso al TJUE, hay margen para que las partes encuentren una salida pacífica.

Los tratados ofrecen un ancho escenario para llegar a un acuerdo antes de encender la maquinaria judicial. Para Miguel Maduro, ex abogado general del TJUE, la postura de Von der Leyen corresponde a intentar tener un efecto coercitivo sobre Alemania sin abrir un procedimiento inflación. “La Comisión estaba obligada a pronunciarse, no podía simplemente ignorar este desafío a la ley de la UE”, ha señalado en declaraciones a Bloomberg.

Sin embargo, no parece fácil encontrar una solución diplomática. El problema se plantea como una cuestión de competencias entre tribunales. La independencia de los tribunales sobre el resto de poderes como el legislativo y el ejecutivo, hace difícil que haya una resolución política. Las primeras palabras de Merkel solo dejan ver un camino: el BCE sometido a la supervisión de órganos nacionales. Un riesgo que abriría la caja pandora con otros de países reclamando lo mismo sobre cualquier institución europea.

Los procedimientos de sanción no son inusuales en la Unión Europea. La mayoría se han centrado sobre cuestiones muy técnicas en materia de regulación, que habitualmente terminan reformas nacionales y en los casos más extremos con multas económicas. El desafío del TC alemán es más complicado que todo esto. Supondría para Alemania una reforma constitucional para garantizar la independencia del TJUE y del BCE. Algo que parece improbable.

El horizonte más oscuro es que si la Comisión acude al TJUE, el alto tribunal europeo puede terminar conminando al TC alemán a revisar el fallo. A estas altura parece todavía más improbable que el TC de marcha atrás con su sentencia.