BBVA prevé apenas un 4% de impagos

Los créditos avalados a pymes, empresas y autónomos por el Estado suponen una amenaza para la estabilidad tanto del déficit público como del sector financiero en un futuro, debido a la incertidumbre sobre la evolución de la economía por el coronavirus. Estos préstamos, que contarán con una garantía de hasta 100.000 millones otorgada por el Gobierno, podrán entrar en impago en función de cuándo y cómo se reactive la actividad.

Un informe de BBVA, realizado por su servicio de estudios junto a Fedea y La Fundación Rafael del Pino, se muestra optimista y apunta a que si se logran movilizar todos los recursos disponibles en esta esta línea de liquidez al tejido productivo apenas un 4% de estos préstamos se dejarían de pagar. Es decir, que el agujero sería de unos 4.000 millones, que se repartirían entre el Estado y los bancos.

Por el momento, el Ejecutivo ha activado solo avales por 20.000 millones con el objetivo de controlar las insolvencias y evitar que las entidades aprovechen estas ventajas para hacer más negocio del debido. Esta cantidad será ampliada previsiblemente en los próximos días, ya que los bancos han recibido un aluvión de peticiones desde el 18 de marzo, fecha desde la cual las empresas y las pymes pueden acogerse a esta financiación.

Hay que tener en cuenta que en la Línea ICO Directo, que puso en marcha el Gobierno de Zapatero en 2010 con garantías públicas, los impagos alcanzaron el 85% del total en volumen de operaciones y casi un 40% en importe otorgado de 550 millones de los 600 millones disponibles.

Las expectativas de BBVA Research se basan en que una movilización de todos los fondos disponibles en la actualidad ayudará las empresas a mantenerse a flote, un hecho que redundará menores tasas de desempleo y en una mayor reactivación de la economía, lo que limitaría los riesgos de las insolvencias.

La financiación a las pymes y autónomos está avalada por el Estado en un 80%, mientras que a las grandes empresas, entre un 60 y un 80%. El reparto de las pérdidas futura, por tanto dependerá del volumen que se destine finalmente a estos colectivos. En principio, según la normativa aprobada, las entidades tienen libertad para analizar los riesgos de cada compañía para así aprobar o no los créditos, si bien, el ICO antes de la concesión deberá dar su beneplácito en aquellos préstamos por encima de los 50 millones. En los de menor importe, el organismo público revisará las condiciones y podrá anular operaciones.

Ante la sobre demanda existente, el sector financiero ha venido reclamando que se fijen bien las reglas del juego. La distribución se realizará finalmente por cuotas de mercado de las entidades, por lo que Santander y CaixaBank contarán con los mayores volúmenes. Ademas, los bancos urgen a que se active un segundo tramo con un mayor volumen, confiando en que se produzca en el consejo de ministros de este martes.

El sistema se establecerá este lunes, cuando el ICO adopte una decisión final y se firme el convenio regulador con el sector. Una vez se rubrique las entidades podrán movilizar el dinero, teniendo en cuenta las reglas establecidas.

No obstante, para dicha distribución, los bancos tendrán que tener en cuenta determinados requisitos fijados en el decreto aprobado por el Ejecutivo. Entre ellos, que el importe que podrán solicitar las empresas por encima de 1,5 millones no puede superar ni el doble de la masa salarial, incluyendo cotizaciones sociales, ni el 25% de la facturación de 2019, además de que deben destinarse para necesidades para los próximos 18 meses en el caso de pymes y de 12 meses para el resto. Estas necesidades son pago de nóminas, vencimiento de préstamos, inversiones e impuestos.

Asimismo, para evitar que el agujero final tanto para el Estado como para los bancos, el Ejecutivo ha prohibido que este dinero vaya a parar a empresas que con anterioridad tuvieran ya dificultades de pago, habiendo entrado en morosidad o habiéndose acogido a procedimientos concursales.